A punto de terminar su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador la soltó y enfrío las líneas de producción automotriz del centro y hasta la más lejana ensambladora del norte del país. Este próximo fin de semana, el mandatario anunciará que todos los autos traídos del extranjero sin documentos, conocidos como “chocolates”, serán registrados y extendidos los permisos correspondientes para ser formales; “haya sido como haya sido” su llegada al territorio nacional y sin importar que hayan sido usados para cometer algún delito.

Lo dijo muy claro: “voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro; entonces, los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo”. Y por qué no, a los ya entusiasmados dueños o usuarios de esos autos otra buena noticia para dejen de preocuparse por el costo del trámite (¡cuánta consideración!): “Van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tiene para comprar un carro de agencia y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades… y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles, ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga”.

 

Todo el país será incluido en esta consideración magnánima. “Vamos a empezar con los siete estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados”, anticipó López Obrador y encendió otro polvorín. De inmediato las alertas se encendieron, y con mucha razón. La industria automotriz formal en voz de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) emitió una primera respuesta y de manera contundente acotaron que la decisión del Ejecutivo “representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos”.

Los representantes de la industria vienen atajando los problemas que enfrenta por la pandemia Covid-19 y la crisis por falta de semiconductores, pero también se ocupan del problema de los autos ilegales desde hace años. Nada menos y desde el 29 de junio pasado se le solicitó al presidente López Obrador una audiencia para explicarle las repercusiones de la propuesta que anunció originalmente desde 27 del mismo mes en Baja California.

Y solo para darnos una idea, en julio y agosto la importación legal de vehículos usados creció 69.8 y 84.9% o 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, respectivamente; mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve luego de los avisos del mandatario: “Resultado de esto es que el fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó, sino que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades, incluso algunos de éstos siendo del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida.” 

Dicen los representantes de la AMDA que la legalización que se viene provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo usados nacionales debido a la sobreoferta que se generará, ya que el propietario al ver que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo. La mala, como letanía, es que el mercado de autos obsoletos y basados en tecnología contaminante se fortalece y se retrasa la inclusión de México en el concierto mundial de menos emisiones de carbono. La buena, es que el Gobierno federal se comprometió en abastecerlos de gasolinas y diésel, cuando estén listas las refinerías reconvertidas, la de Dos Bocas y se concluya la compra de la centenaria Deer Park en Texas. Gran futuro el que nos aguarda, gracias.

Una más. La administración de López Obrador está a punto de meterle un autogol al máximo mandatario, y sino me cree basta con dar un vistazo a los ajustes que se pretenden realizar desde la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, para modificar los montos máximos y mínimos de referencia que se establecen para la compra del servicio de limpieza a nivel federal por medio del Contrato Marco, mismo que genera la dependencia para guiar estas adquisiciones. El problema es que las posibles proveedoras tendrían que cobrar hasta 15% menos por su desempeño, pues de acuerdo con documentos filtrados los costos mensuales del servicio por operario irían de 10 mil 416 pesos a 8 mil 853 pesos; si se observan ejemplos como el de la Ciudad de México la situación generaría estancamientos en los salarios de los trabajadores. 

Ante ello, los ojos del sector se encuentran puestos en Compranet, donde se daría a conocer un convenio modificatorio con la nueva lista de “Precios de Reserva”. Todo suma para llenar el vaso, y a punto está de desparramarse.