Telmex tiene de alrededor de 500,000 cabinas telefónicas en desuso dispersas por todo México, atadas por un marco regulatorio establecido hace más de tres décadas que limita su capacidad para desmantelarlas. Aunque la mayoría de estas cabinas de Teléfonos de México (Telmex) han quedado inoperativas —muchas sin línea telefónica activa y sin producción de tarjetas prepago desde hace años—, la compañía no puede eliminarlas de forma unilateral. Esto se debe al Título de Concesión modificado en 1990, que rige sus operaciones y establece obligaciones específicas para preservar esta infraestructura pública. En particular, la cláusula 3-5, denominada "Casetas públicas telefónicas", manda a la empresa instalar y operar estas estructuras en su zona de cobertura, con la exigencia adicional de incrementar su cantidad cada cuatro años para garantizar el acceso universal a la comunicación.
Este requisito, originado en una era previa a la masificación de los celulares, pretendía fomentar la inclusión social en regiones con limitada conectividad, pero hoy representa un anacronismo en un contexto dominado por la telefonía móvil y el internet de banda ancha. La extinción del IFT y el futuro de las cabinas
Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso y América Móvil (matriz de Telmex), reveló que la empresa había solicitado repetidamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la autorización para reducir o eliminar estas cabinas, argumentando su obsolescencia y la interrupción en la fabricación de componentes esenciales.
Sin embargo, el regulador rechazó estas peticiones, manteniendo las obligaciones intactas. El panorama cambió drásticamente con la disolución del IFT en septiembre de 2025, como parte de una reforma orgánica que extinguió varios organismos autónomos para simplificar la estructura gubernamental.
Sus atribuciones clave, incluyendo la supervisión de concesiones telecomunicativas, pasaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta transición ha generado incertidumbre, con extrabajadores del IFT demandando liquidaciones pendientes y cuestionando la capacidad del nuevo ente para manejar disputas regulatorias de manera autónoma.
En diciembre de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto dirigido a la CRT y las 16 alcaldías para coordinar el retiro de más de 213,000 cabinas abandonadas en la capital, priorizando la recuperación de espacios públicos y la mitigación de riesgos urbanos. Según reportes, estas estructuras serán desmanteladas en colaboración con autoridades locales, aunque un reciente fallo judicial ha frenado temporalmente el proceso para aquellas cabinas que aún podrían considerarse operativas, representando un revés para los planes de Telmex.
Expertos en telecomunicaciones han criticado este mantenimiento como un gasto innecesario en la era móvil, donde el uso de cabinas es mínimo y su conservación genera costos anuales significativos para la empresa.
Casi medio millón de reliquias urbanas en abandono
Hace 26 años, en el apogeo de su utilidad, Telmex operaba cerca de 700,000 cabinas que funcionaban con tarjetas prepago, vendiendo hasta 25 millones de estas al mes en un país donde los celulares eran un lujo accesible solo para unos pocos. La explosión de la telefonía celular y el acceso a internet ha relegado estas instalaciones al olvido, convirtiéndolas en reliquias obsoletas. En 2024, el IFT concedió a Telmex una prórroga para mantener cabinas en zonas rurales o de baja conectividad, donde la señal móvil e internet siguen siendo deficientes, reconociendo su rol residual en emergencias o áreas marginadas.
Además de las de Telmex, persisten cabinas operadas con monedas por otros proveedores, aunque su número es menor. En la práctica, muchas de estas estructuras se han degradado: sirven como depósitos improvisados de basura, obstruyen aceras y afectan la movilidad peatonal, generan contaminación visual y olores desagradables, e incluso representan riesgos sanitarios al atraer plagas o acumular residuos tóxicos.
Mientras tanto, Telmex continúa atada a esta herencia regulatoria, en espera de reformas que podrían liberar recursos para invertir en infraestructura moderna como fibra óptica o 5G.